Recientemente conocíamos la noticia de que el Gobierno quería terminar con la exención del IVA para la sanidad y la educación privadas planteándola en su proyecto de Presupuestos para 2021. Ahora sabemos que, de momento, esta iniciativa se ha pausado, puesto que los que acuden a estos servicios pasarían a la sanidad y educación públicas y el coste sería mucho mayor.

En educación -de cuya exención de IVA se benefician actualmente 4,6 millones de personas- supondría un gasto público que podría llegar a los 2.161 millones de euros si se pasasen a la pública, mientras que la recaudación por IVA sería de 1.694 millones. Pero es que, además, en los países de la Unión Europea estas exenciones también son habituales.

Todos estos datos han salido a la luz en el informe de la AIREF (Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal) sobre beneficios fiscales, y la misma entidad dice que «la evaluación muestra un resultado no concluyente ya que el mayor ingreso obtenido por el Estado, como resultado de la eliminación del beneficio, podría ser compensado por un mayor coste, si una elevada proporción de la demanda ahora satisfecha por el sector privado se trasladase al sector público».