Con la denominada Ley Celaá, los centros de educación especial también van a salir perdiendo, por lo que agrupados en la plataforma “Educación Inclusiva sí, especial TAMBIÉN” aumentan sus protestas. La próxima protesta tendrá lugar el martes 23 de junio ante el Congreso de los Diputados.

Su presidente habla del perjuicio que van a sufrir a miles de niños con discapacidad intelectual. El Gobierno, quiere integrar a este colectivo en centros ordinarios, acción que no va a resultar beneficiosa para todos.

Llama la atención la falta de argumentos pedagógicos a esta medida por parte del Gobierno. Éste, no ha pensado en lo que conviene a cada uno de estos niños centrándose principalmente en criterios ideológicos y en reducir costes. El planteamiento es ir al modelo portugués: que los centros de educación especial que mantengan sean sólo de recursos y apoyo del profesorado que trabajen en centros ordinarios. En España sólo hay 486 colegios de educación especial y 29.000 centros ordinarios, lo que significa que cada centro ordinario dará apoyo a 60 de educación especial, algo imposible.

Otro de los aspectos del rechazo de la Ley Celaá es que los alumnos pueden ser cambiados sin el consentimiento propio o de su familia. Basta con que lo diga el técnico en cuestión. En definitiva, es una pena que esto simplemente se plantee.