La ya ex ministra de Educación Isabel Celaá, entre muchas  — erróneas– decisiones, aprobó durante los dos últimos cursos, una serie de decretos que permiten promocionar de curso y obtener el título suspendiendo.  Entre los docentes, surge la indignación cuando, a pesar de que el alumno resulta suspenso, si en junta de evaluación sus colegas lo votan, éste promociona de curso.

Esta situación de inseguridad jurídica y de pérdida de valor en las decisiones de los docentes, han sido la consecuencia de eliminar el suspenso y la autonomía de cátedra para no pasar de curso. Con estos datos, los profesores afirman haber recibido presiones de parte de los superiores para «evaluar con flexibilidad» y así ha sido en el caso que nos atañe. 

Ayer saltó la noticia  que en el instituto Félix Rodríguez de la Fuente en Sevilla, se ha aprobado a un alumno de 2º de la ESO con 8 asignaturas suspendidas a golpe de junta de evaluación. Tras falsas quejas de la falta de atención del profesorado hacia su hijo, la madre pidió una revisión de las notas. El profesorado, tras haber contraargumentado la ausencia a las clases del menor, desmintió esa falta de ayuda por su parte con pruebas de hasta 100 correos electrónicos para ayudarle. 

Posteriormente, y tras verse presionados por la directora y el inspector , los profesores, temiendo un recurso por la falta de asistencia, aprobaron las ocho asignaturas.

«La inspección estima que la atención educativa ha sido insuficiente. Por tanto, para no incurrir en irregularidades en las garantías procedimentales de la evaluación, el alumno queda aprobado».

¿Y ante esto, que nos queda? Nos quedamos con unos títulos devaluados y  con una disparidad de criterio entre centros abrumadora. Se ha generado una ruptura en el  criterio de evaluación a nivel nacional y el deterioro en  la formación de nuestros hijos. 

La nueva ministra tiene mucho trabajo para enmendar, no en su totalidad, pero si en parte, del desastre educativo que rige en nuestro país.