El editorial de Alfa y Omega aborda el tema de la educación especial, máxime cuando uno de los puntos más polémicos de la Ley Celaá o LOMLOE es precisamente que se obliga a la educación inclusiva, es decir, que la educación especial se imparta en centros ordinarios. Concretamente, dice la ley que “las administraciones educativas velarán para que las decisiones de escolarización garanticen la respuesta más adecuada a las necesidades específicas de cada alumno o alumna», por lo que en un plazo de diez años, los centros ordinarios deberán contar con “los recursos necesarios para poder atender en las mejores condiciones al alumnado con discapacidad», mientras que los centros de educación especial quedarán para alumnos que requieran «una atención muy especializada» y como «centros de referencia y apoyo para los centros ordinarios”.

Esto es un despropósito porque lo que los padres decidan no importa lo más mínimo y, si los padres consideran que por las necesidades específicas de su hijo necesita un centro especial, las autoridades ya han dictaminado que no. Cuando se preparó la ley no tuvo en cuenta en ningún momento a las familias -ni de centros ordinarios ni de centros de educación especial-, gestionando una ley que carece de opciones de libertad de elección, sin considerar que cada niño tiene unas necesidades y eso es lo importante. Como dice la plataforma Mas Plurales

“El concepto de inclusión radical conduce a los actuales centros de educación especial a su desaparición, a pesar de contar con un alto grado de satisfacción de las familias que escolarizan allí a sus hijos”.