Ayer, miércoles 23 de diciembre a última hora de la tarde, fue aprobada definitivamente en el Senado, la fatídica Ley Celaá. Este refrito legislativo no aporta en positivo medida alguna; se limita a derogar artículos de la ley anterior e introduce una carga ideológica sin precedentes en las leyes anteriores.

Han negado la voz a los miembros de la comunidad educativa, no se nos ha querido escuchar. Se ha tramitado a toda prisa, con la alevosía que supone un estado de alarma durante muchos meses y con lo que han pretendido amordazar las protestas de familias y trabajadores, aunque no lo han conseguido.

La ley condena a medio plazo a la enseñanza de iniciativa social, y por ende cercena la libertad de las familias, de los padres, como primeros educadores a poder elegir en libertad dónde se educan nuestros hijos. Una ley que discrimina am los que menos recursos tienen, pues solo las familias con alto poder adquisitivo podrán elegir: enseñanza pública, única y laica o colegio privado.

No se aportan soluciones, ni se abren vías en las que conseguir mejorar el nivel de aprendizaje de nuestros alumnos, más bien al contrario. Con la excusa simplista de no dejar a nadie atrás se introducen medidas como la obtención de títulos con asignaturas suspendidas o que repetir un curso tenga carácter excepcional.

No queremos olvidarnos del desconocimiento y falta de visión que supone la eliminación de los colegios de educación especial, donde se atiende de forma integral a los alumnos con necesidades educativas especiales. En fin, un despropósito mayúsculo, fuera de la realidad  y que deja en manos de la administración educativa de turno la decisión de en dónde escolarizamos a nuestros hijos.

Mal andamos, si una ley que afecta a más de ocho millones de alumnos, nace una vez más sin consenso, y con confrontación.

A continuación el documento de la nota de prensa que Mas Plurales ha emitido.